La pregunta que Raül Romeva va fer ahir al Parlament europeu
Enviat per caminant el dia 25th Octubre 2007
El Estado español, mediante la ley 21/2005, de 17 de noviembre, “de restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados cono motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica”; legisló sobre las condiciones, requisitos y temporalidades para proceder al regreso de la documentación expoliada por la fuerza de las armas a las instituciones, partidos, entidades y particulares, y depositadas en Salamanca, donde continúan después de más de 30 años de democracia tras una de las dictaduras fascistas más largas y sangrientas de la historia moderna europea.
Han pasado ya dos años desde esta aprobación y los documentos de los particulares, entidades, partidos políticos y sindicatos continúan en Salamanca pese que al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en cumplimiento de la ley, procedió, mediante los expertos archivísticos, a su identificación - resultando en un listado de más de 2 millones de documentos, 68 asociaciones afectadas, 153 particulares y empresas y más de 40 organizaciones políticas y sindicados afectadas por el expolio-.
En estos dos años no ha sido convocada la comisión mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya y el plazo de tres meses que se establece en el punto 3 del art. 3 de la ley –“Art. 3.3 Identificados los documentos, fondos documentales y otros efectos, el Estado entregará a la Generalitat de Catalunya en el plazo de tres meses…”-, expiró hace tiempo. Esto hace que no se pueda proceder a la digitalización y depósito de la copia, al envío de toda la documentación consiguiente y al proceso de entrega, en las condiciones idóneas, por parte de la Generalitat a sus legítimos propietarios.
Frente al incumplimiento de la ley por parte del gobierno español y dada la naturaleza de la documentación, ¿no cree la Comisión Europea que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos, especialmente con temas referentes a la dignidad humana y la preservación de la memoria democrática? ¿Cuál es la opinión y la posición de la Comisión en torno este asunto? ¿Piensa la Comisión Europea exigir al Estado español el cumplimiento estricto de la ley y por tanto la convocatoria inmediata de la comisión mixta Estado-Generalitat para proceder con la máxima celeridad al regreso sus legítimos propietarios de la documentación incautada, tal y como fija la ley 21/2005?’
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